28 de abril de 2023
Una investigación de a Red de Atención a las Adicciones UNAD, evidencia la necesidad de atender el contexto y las circunstancias de las personas presas para prevenir la delincuencia.
La muestra realizada comprende más de 1.000 personas reclusas procedentes de 18 prisiones de todo el Estado, 4 de ellas situadas en Cataluña. La situación es la siguiente:
El 12% de los hombres y el 25% de las mujeres que cumplen su condena en centros penitenciarios catalanas no cuentan con un recurso habitacional al que acudir cuando salgan de prisión
El 75% del total de mujeres encuestadas, incluyendo Cataluña reconocer haber sufrido violencia física, el 80% malos tratos psicológicos y el 45% señala algún episodio violencia sexual en su vida
El estudio presentado por UNAD ‘La situación de las personas con adicciones en las prisiones españolas. Una visión con perspectiva de género’. incide, desde la perspectiva de género, en la realidad de la población reclusa con problemas de drogodependencias y en sus contextos para promover políticas públicas que prevengan la comisión de delitos vinculados a las adicciones.
El estudio, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se ha realizado a partir de una muestra de más de 1.000 personas privadas de libertad, de las que el 77% son hombres y el 23% son mujeres, que se encuentran repartidas en 18 centros penitenciarios gestionados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior (14) y por los Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Cataluña
Los resultados del trabajo realizado evidencian la necesidad de las personas reclusas de ser visibilizadas y escuchadas, de incluir más recursos sanitarios en prisión y de incidir en otros tipos de tratamiento contrarrestando la excesiva medicalización. En el caso concreto de las mujeres, estas señalan discriminación generalizada por el hecho de ser mujeres y reclaman una igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el entorno penitenciario. En este sentido, desde la red UNAD recuerdan que la aplicación de una sentencia solo puede provocar la pérdida del derecho de la libertad de manera que otros derechos, como el de la igualdad y la salud, no deben desatenderse.
Perfil hombres y mujeres en Cataluña
El hombre participante en la muestra procedente de centros penitenciarios de Cataluña tiene en su mayoría nacionalidad extranjera. Uno de cada cuatro tiene alguna enfermedad mental diagnosticada mientras que la discapacidad física reconocida está presente en uno de cada doce. El 12% no cuenta con un recurso habitacional donde ir cuando salga de prisión. En cuanto a su entorno, por lo general no tiene pareja pero sí hijos o hijas, aunque en la mitad de los casos no cuenta con la custodia.
Por su parte, la mujer participante en la muestra es, en su mayoría, de nacionalidad española y la incidencia de problemas de salud es mayor que en los hombres: una de cada tres tiene alguna enfermedad mental diagnosticada y una de cada cuatro tiene alguna discapacidad física reconocida. El porcentaje de mujeres presas que no cuenta con un recurso habitacional donde ir cuando salga de prisión asciende al 25%. En cuanto a su entorno, por lo general no tiene pareja pero sí hijos o hijas, y en un elevado porcentaje no cuenta con la custodia.
El 75% del total de estas mujeres encuestadas, incluyendo Cataluña, reconoce haber sufrido violencia física, el 80% malos tratos psicológicos y el 75% señala haber sufrido violencia sexual en algún momento de su vida. El 45% ha formalizado denuncia por violencia de género en alguna ocasión.
Tanto en las mujeres como en los hombres existen, por lo general, antecedentes familiares de consumos problemáticos de sustancias.
Reivindicaciones y propuestas
Con el fin de velar por la salud y el bienestar de las personas presas con adicciones, UNAD sostiene que gran parte de las personas presas, en vista de su perfil, podrían ser tratadas por servicios comunitarios en el exterior con el adecuado seguimiento del sistema penal. Además, la organización reclama que todos los programas de tratamiento para personas drogodependientes a los que se puede acceder en libertad también tienen que estar ofertados dentro de prisión, aunque no debemos olvidar que la prisión no es el entorno idóneo para intervenir en una adicción.
Con estos datos sobre la mesa, la Red de Atención a las Adicciones ha lanzado una serie de propuestas a las Administraciones públicas que pasan por garantizar con urgencia el derecho a la salud de las personas privadas de libertad con más recursos personales, sanitarios y psicosociales para equiparar la atención a la del resto de la sociedad; primar el régimen abierto y los cumplimientos extrapenitenciarios por encima de los regímenes ordinario y cerrado; cambiar la cultura penitenciaria hacia una cultura del diálogo y la no violencia; promover la participación comunitaria e incorporar la perspectiva de género a todos los ámbitos de este sistema.
Jornada
La investigación se ha dado a conocer, prestando especial atención en la situación de los centros penitenciarios de Cataluña, en el marco de la jornada ‘Las drogodependencias y otras adicciones en el sistema penitenciario español. Una ventana hacia un futuro justo e igualitario’, financiada por el Plan Nacional sobre Drogas, un espacio en el que han coincidido entidades del Tercer Sector y Administraciones públicas para analizar los resultados y buscar consensos de cara a la adopción de medidas que mejoren la situación de la población reclusa.
En el evento, la vicepresidenta de la red UNAD y experta en adicciones y justicia penal, Carmen Martínez, ha destacado el valor de la investigación puesto que iniciativas así “nos acercan aún más al rostro de quienes permanecen en prisión a causa de su adicción y, además, nos muestran la problemática social y sanitaria que existe en torno a las drogas”, algo que requiere “tener en cuenta muchas de las variables que interseccionan cualquier vida humana”, según ha manifestado. En esta línea, Martínez ha recalcado en que la mejor manera de prevenir los delitos es “invertir en políticas dirigidas a procurar la igualdad efectiva entre la ciudadanía”.
Por su parte, la presidenta de la Federació Catalana de Drogodependències (FCD), Àngels Guiteras, ha denunciado el “auténtico rechazo social” que soportan las personas consumidoras de drogas y que las hace ser “apartadas y estigmatizadas”, algo que “se complica y multiplica “si sumamos la estancia en prisión”. Frente a esto, Guiteras ha recordado que “las personas con problemas de adicciones tienen los mismos derechos y la misma dignidad que cualquier otra” antes de hacer un llamamiento a trabajar de manera colaborativa a todas las partes implicadas en la actividad penitenciaria.
Paula Montero Brasero, directora general d'Afers Penitenciaris, ha sido la encargada de cerrar la inauguración del acto con un discurso en el que se ha posicionado a favor de las políticas penitenciarias abiertas al reconocer que, desde su organismo, están “tratando de impulsar las políticas de tercer grado y de salidas al exterior” que se interrumpieron con la pandemia, la cual “ha cambiado la fotografía de lo que ocurre en el interior de los centros”. “Con trabajo desde el medio abierto, el éxito está garantizado y no se asumen riesgos a nivel de reincidencia”, ha concluido Montero.
Ya en la clausura, la vocal de UNAD Cataluña, Judith Sanjuan, ha subrayado el género “como un elemento que debe estar presente en las actividades que se realicen con la población reclusa en las prisiones” tanto en el caso de los hombres como de las mujeres. De la misma forma, Sanjuan ha cerrado su intervención reclamando que las prisiones “deben estar abiertas a la comunidad y la comunidad estar presente en la vida penitenciaria”.
Finalmente, el subdirector general d'Addiccions, VIH, Infeccions de Transmissió Sexual i Hepatitis Víriques del Departament de Salut, Joan Colom, ha coincidido al señalar que la privación de libertad “no va a ser la solución jamás” a la incidencia de las adicciones en la población reclusa de tal forma que, desde su organismo, abogan por construir un sistema de atención para las personas presas con problemas de drogodependencias que les otorgue “las mismas condiciones que tendrían en un centro de tratamiento en el exterior”.
Nota de prensa suministrada por UNAD