UNAD pide ayuda a las Administraciones públicas para personas presas con adicciones

23 de septiembre de 2023

Coincidiendo con el Día de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, UNAD demanda compromiso a todas las Administraciones públicas para ayudar a personas presas con adicciones y sin recursos

UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, ha reclamado este jueves más recursos, así como una mayor financiación, para poder atender las necesidades reales de las personas con adicciones que están en prisión.

Así lo ha pedido UNAD coincidiendo con el Día de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, que se celebra cada 24 de septiembre. En esta jornada la entidad quiere visibilizar la situación de la población reclusa con drogodependencias y otras adicciones y reclamar un mayor compromiso público y político con estas personas. La situación se refleja en:

Una de cada seis mujeres y uno de cada nueve hombres no tienen donde vivir una vez cumplan sus condenas

Antes de ingresar en prisión, el 30% de las personas se encuentra en situación de desempleo, una cifra que crece hasta el 35% en el caso de las mujeres frente al 28% de los hombres

El 45% de las personas reclusas manifiesta haber sufrido alguna vez en su vida malos tratos físicos, un dato que sube hasta el 75% en el caso de las mujeres

Desde la red, que representa a más de 200 entidades en toda España, alegan que se trata de una población muy vulnerable ya que, además de por las adicciones, está marcada por los contextos de pobreza, las carencias educativas, la exclusión social, las violencias sufridas a lo largo de la vida -especialmente en las mujeres-, y los problemas de salud mental. Así lo refleja el estudio ‘La situación de las personas con adicciones en las prisiones españolas.

Una visión con perspectiva de género’, una iniciativa de UNAD presentada a comienzos de año y que comprende una muestra de más de 1.000 personas privadas de libertad de las que el 77% son hombres y el 23% son mujeres.

En vista de los resultados observados por UNAD a través de su estudio, la entidad concluye que los fondos públicos destinados a la atención de la población penitenciaria siguen siendo insuficientes pese a que cada año aumenten ligeramente estas partidas presupuestarias. Desde la red de adicciones señalan las demandas de las personas reclusas, recogidas en el citado estudio, en las que reclaman más personal sanitario y una mayor frecuencia en las atenciones al tiempo que denuncian la excesiva medicalización que se realiza en las prisiones.

Esta misma situación se da respecto al abordaje de la adicción dentro de los centros penitenciarios, donde se realizan distintos tipos de intervenciones pese a que las prisiones no son el lugar idóneo para los tratamientos. De acuerdo con los datos manejados por UNAD, tanto en las mujeres como en los hombres que se encuentran en las cárceles españolas, existen antecedentes familiares de consumos problemáticos de sustancias.

Además, la necesidad de una atención integral también se evidencia en que uno de cada cuatro hombres en prisión tiene alguna enfermedad mental diagnosticada, estadística que en mujeres sube a una de cada tres. No obstante, desde la red apuntan como algo vital atender también las consecuencias de las distintas violencias sufridas, de manera que el 45% de las personas encuestadas manifiesta haber sufrido alguna vez en su vida malos tratos físicos, cifra que aumenta en el caso de las mujeres hasta el 74,8%. Por otro lado, el 53,8% de la muestra ha sufrido malos tratos psicológicos (45,8% de los hombres y el 80,6% de las mujeres). En lo que se refiere a abusos o agresiones sexuales, un 15,7% los reconoce: el 6,6% de los hombres y el 45,3% de las mujeres los han padecido en alguno o varios momentos de su vida.

Frente a esta situación, UNAD pide poner fin a la invisibilización de la población con adicciones, encarcelada en la mayoría de los casos por delitos contra el patrimonio y la salud pública. La red insiste así en el Día de la Patrona de Instituciones Penitenciarias en la urgencia de garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de libertad mediante más recursos personales, sanitarios y psicosociales para equiparar su atención a la del resto de la sociedad.

Nota de prensa suministrada por UNAD