11 de octubre de 2023
UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, ha puesto sobre la mesa este martes la necesidad de establecer penas proporcionales y alterativas a la prisión con el objetivo de no agravar la situación de exclusión social de las personas que cometen delitos menores relacionados con el uso problemático de las drogas.
Así se ha subrayado desde la entidad coincidiendo con el Día Mundial contra la Pena de Muerte, que se conmemora cada 10 de octubre con el objetivo de abolir de manera universal la pena capital, que aún es legal y se sigue aplicando en 83 países del mundo.
La Red de Atención a las Adicciones exige su abolición inmediata por su carácter inhumano y por atentar contra los derechos fundamentales más básicos.
Especialmente, la entidad quiere denunciar la situación existente en aquellos estados que aún aplican la pena de muerte por delitos relacionados con el consumo o tráfico de drogas.
Es el caso, por ejemplo, de Singapur, donde UNAD pidió recientemente, a través del Foro Europeo de Drogas en el que participa, la detención de la ejecución de Suppiah, un ciudadano de Singapur de 46 años arrestado por consumo de drogas y condenado a pena de muerte por traficar con 1 kilo de cannabis.
A este ejemplo, se suman otros en lugares como Kuwait donde se ha ahorcado a una persona por un delito relacionado con las drogas o Vietnam donde en agosto de este año sentenciaron a pena de muerte a siete personas por un caso de tráfico de drogas.
UNAD asegura que las penas de muerte y las ejecuciones por delitos de drogas contradicen las normas internacionales de derechos humanos y además las de control internacional de drogas, ya que no se categorizan como ‘delitos más graves’ a los que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos limita la posibilidad de la pena capital.
Además, en este sentido han recordado que según la Estrategia de la Unión Europea contra las drogas 2021-2025, la protección y promoción de los derechos humanos es uno de los objetivos específicos de la acción exterior en materia de drogas, con especial énfasis en la denuncia de la pena de muerte por delitos de drogas.
En esta línea, UNAD ha aprovechado para reclamar también en el ámbito estatal que la cárcel no es el lugar idóneo para tratar los problemas de las personas con adicciones, ya que en ocasiones estos se perpetúan o se agravan, así como los delitos derivados de los mismos. “Tenemos que avanzar hacia una sociedad más justa teniendo en cuenta las necesidades de las personas presas y los condicionantes que les influyen en la comisión del delito”, ha subrayado la vicepresidenta de UNAD, Carmen Martínez.
De la misma manera, ha puesto sobre la mesa que, en su opinión, la mejor manera de prevenir el delito es la inversión en políticas sociales. Martínez ha dicho que es “urgente y necesario” avanzar hacia una legislación más moderna y flexible de alternativas a la prisión, especialmente en relación con las infracciones penales no violentas y aquellas vinculadas a personas en situación de pobreza o con dificultades de inserción social.