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Seminario en Gijón sobre las adicciones y realidades jurídico- penales

21 de junio de 2023


En el seminario que ha organizado UNAD este martes en Gijón bajo el título ‘Adicciones y realidades jurídico-penales: Un abordaje desde la prisión hasta la sociedad civil’. medio centenar de profesionales reclaman una atención integral frente a la complejidad penal de las personas con adicciones

Durante la jornada se han presentado las principales conclusiones del último estudio de UNAD sobre la situación de las personas con adicciones en prisión



UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, ha celebrado este martes en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón el seminario ‘Adicciones y realidades jurídico-penales: Un abordaje desde la prisión hasta la sociedad civil’.


El evento, que está financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, ha servido como espacio de intercambio de experiencias entre las más de 50 personas que han acudido tanto desde la red de adicciones como desde otros organismos de atención.


A lo largo de toda la jornada se han sucedido varias mesas que, con un enfoque totalmente práctico, han agrupado distintas buenas prácticas realizadas desde la Unidad Terapéutica Educativa (UTE) del Centro Penitenciario de Villabona, las entidades de la red UNAD Asturias y desde los servicios de atención del Principado de Asturias.


Durante la inauguración, el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Joan Ramón Villalbí, ha resaltado la importancia de poner sobre la mesa la vinculación entre prisiones y drogas puesto que “muchas personas que desarrollan adicciones tienen mayor riesgo de cometer delitos para acceder a las sustancias”. Para Villalbí, la condición de tener una adicción y estar en prisión es “un marcador de clase social y de vulnerabilidad” sobre el que hay que seguir trabajando pese a que, en los últimos tiempos, se haya avanzado con “cambios muy positivos en el marco jurídico- legal”.


Por su parte, el director General de Servicios Sociales y Mayores de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Enrique Rodríguez, ha defendido que las políticas y estrategias sociales tengan “una visión transversal sobre la plena inclusión de las personas” de tal forma que se ponga el foco “en las personas y en sus problemas de manera individualizada”. Esta labor, que Rodríguez ha atribuido no solo a las entidades sino también a los gobiernos, pasaría, según el representante del Principado, por dejar “el tratamiento genérico” puesto que “no todas las personas requieren el mismo tipo de intervención”.



En representación de UNAD, su presidente, Luciano Poyato, ha señalado que la prisión no debe ser una “solución a los problemas sociales” sino que las actuaciones deben enfocarse sobre las “graves situaciones de exclusión social que sufren las personas que delinquen” para así prevenir y evitar la reincidencia. A este respecto, Poyato ha cerrado su intervención recalcando la importancia que juegan las entidades sociales junto a al trabajo que se realiza dentro de prisión.


Por último, la vocal de UNAD Asturias, Elisabeth Ortega, ha reivindicado que las entidades deben “ser escuchadas y tenidas en cuenta a la hora de tomar cualquier decisión relacionada con las adicciones” puesto que cuentan con “una visión 360º, muy cercana y a pie de calle” de cómo se desarrollan las drogodependencias. “Nuestro trabajo también pasa por acompañar y estar al lado de las personas con adicciones que se encuentran en prisión”, ha concluido Ortega.


Principales datos del estudio de prisiones


La sesión también ha albergado la presentación de los principales datos de la última investigación de UNAD sobre la situación de las personas con adicciones en las prisiones españolas, un trabajo que comprende una muestra de más de 1.000 personas privadas de libertad, de las que el 77% son hombres y el 23% son mujeres.


El estudio, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se ha llevado a cabo en 18 centros penitenciarios gestionados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior (14) y por los Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Cataluña (4).


Una de las principales conclusiones del trabajo es que en las prisiones españolas están sobrerrepresentados, tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres con adicciones, los contextos de pobreza, las carencias educativas, la exclusión social, las violencias sufridas a lo largo de la vida -especialmente en las mujeres-, así como los problemas de salud mental.


El hombre participante en la muestra tiene una edad media de 39 años, nacionalidad española y estudios primarios. Uno de cada nueve no cuenta con un recurso habitacional donde ir cuando salga de prisión. Además, uno de cada cuatro tiene alguna enfermedad mental diagnosticada. En cuanto a su entorno, procede de una familia numerosa donde sus ascendientes presentan estudios inferiores a la primaria y tienen hijos o hijas, aunque en la mitad de los casos no cuenta con la custodia.


Por su parte, la mujer participante tiene una edad media de 41 años, nacionalidad española y estudios primarios. Una de cada seis no cuenta con un recurso habitacional donde ir cuando salga de prisión. Una de cada tres tiene alguna enfermedad mental diagnosticada, un 12,3% tienen reconocida una discapacidad física y el 5% tiene certificada alguna discapacidad intelectual. En cuanto a su entorno, procede de una familia numerosa donde sus ascendientes presentan estudios inferiores a la primaria, y en la mayoría de los casos cuenta con menores a su cargo. También tienen pareja, la cual se encuentra en prisión en el 71% de los casos.


Además, un dato relevante es que el 45% de las personas encuestadas manifiesta haber sufrido alguna vez en su vida malos tratos físicos, cifra que aumenta en el caso de las mujeres hasta el 74,8%. Por otro lado, el 53,8% de la muestra ha sufrido malos tratos psicológicos (45,8% de los hombres y el 80,6% de las mujeres). En lo que se refiere a abusos o agresiones sexuales, un 15,7% los reconoce: el 6,6% de los hombres y el 45,3% de las mujeres los han padecido en alguno o varios momentos de su vida.


Reclamos y propuestas


Con estos datos sobre la mesa, la Red de Atención a las Adicciones ha lanzado una serie de propuestas a las Administraciones públicas que pasan por garantizar con urgencia el derecho a la salud de las personas privadas de libertad con más recursos personales, sanitarios y psicosociales para equiparar la atención a la del resto de la sociedad; primar el régimen abierto y los cumplimientos extrapenitenciarios por encima de los regímenes ordinario y cerrado; cambiar la cultura penitenciaria hacia una cultura del diálogo y la no violencia; promover la participación comunitaria e incorporar la perspectiva de género a todos los ámbitos de este sistema.


Por último, el seminario se ha completado con la celebración de un encuentro entre entidades de UNAD Asturias para el intercambio de experiencias.

NOTA: Los medios interesados en acceder al estudio completo ‘ ‘La situación de las personas con adicciones en las risiones españolas. Una visión con perspectiva de género’ pueden hacerlo pinchando aquí.


Nota suministrada por UNAD

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